ORGANÍZATE Y LUCHA

UNIVERSIDAD NACIONAL: UN GRITO DE LIBERTAD

Hoy asisten ustedes a una cita inexorable con su historia, con la nuestra, con la de todo nuestro pueblo. Han llegado, compañeras y compañeros, a la Universidad Nacional de Colombia con muchas ideas en la cabeza sobre próximos esfuerzos para hacer un mejor mañana para cada uno, quizás también para construir uno mucho más alegre para cada ser humano: un mañana en el que amanezca la dignidad de todos.

De cualquier forma, somos privilegiados al ingresar en la Universidad Pública, ya que millares de jóvenes provenientes de familias trabajadoras no pueden acceder a la misma. Bien podríamos dar la espalda a cada uno de las y los colombianos que desde los lugares más remotos mantienen con su sudor lo que aún nos queda de esta universidad. El privilegio no es entrar en este “ascensor” social que, de todas maneras, no garantiza el anhelado “ascenso”, debido a las oprobiosas fuerzas de la oferta y la demanda. El verdadero privilegio es poder hacernos con las herramientas necesarias para comprender la realidad y poder hacer territorio al andar por el horizonte de las utopías.

No en vano, a través de los años, incontables luchadores de la Alegría han pasado y se han hecho lo que son entre los salones, pasillos, cafeterías y prados de este campus. Y han sido precisamente ellos: trabajadores, estudiantes y profesores, en sintonía con los sentires del pueblo colombiano, los que han hecho un lugar donde los sueños empapados de Dignidad echan a andar, así los verdugos de la Esperanza persistan irremediablemente en acallar a palos este futuro que ya no cabe en el presente y que ha caminado sobre los pies de estudiantes como Gonzalo Bravo Pérez, Leonardo Posada, Guillermo León Sáenz; en las mentes de profesores como Orlando Fals Borda, Jaime Pardo Leal, Camilo Torres Restrepo, Alberto Alava; y en las manos de incontables trabajadores anónimos que le han dado forma a esta trinchera de Libertad.

Desafortunadamente, este lugar donde las aspiraciones más elevadas se arman de argumentos y donde se puede sentir pensando, se encuentra más amenazado que nunca debido a la avaricia de los grandes capitales que lo ven como otra oportunidad para hacer sus negocios.

Sin embargo, nuestra UN, aunque aún se mantiene en pie - gracias a las luchas heroicas de la Comunidad Universitaria -, agoniza: los edificios a punto de derrumbarse, como la pretensión de ceder terrenos de la universidad para que el capital inmobiliario y especulativo se apropie nuestro Bien Común, son apenas una muestra. Asistimos a una amenaza real de lo público - lo de todas y todos -, en todas las instancias.

Ante semejante panorama, las y los estudiantes universitarios iniciamos en 2011 un camino de lucha para hacer que la Educación Superior se arregle a nuestras realidades, retos y sueños: vamos por una Nueva Educación para un País con Soberanía, Democracia y Paz. Así hemos tejido una propuesta alternativa para que aquella esperanza se haga realidad.

Pero no sólo los estudiantes queremos un país mejor. También lo hacen las comunidades que claman por una Zona de Reserva Campesina para el Catatumbo, tanto como los lacerados mineros de antaño. Todos estamos amenazados por los grandes inversionistas que pretenden incrementar infinitamente sus arcas gigantescas.

Por eso, pese a la indolencia de sus gobernantes, nuestro pueblo se resiste a seguir siendo silenciado. Es por ello que grita con fuerza: “¡YA BASTA! Estas tierras son nuestras y las trabajamos para nosotros, no para otros: trabajamos para el buen vivir de nuestra Patria”. Y mientras trabajadores y campesinos cierran las vías y paran las industrias para ser escuchados, nosotros nos alistamos para el gran Paro Nacional Universitario, porque así vamos a seguir escribiendo las páginas de nuestra historia, que de ningún modo corresponde con las pretensiones de quienes nos lo quitan todo.

Juntas todas las rebeldías del pueblo colombiano, avanzaremos en la edificación de una Patria Nueva. Es el momento indicado para alzar nuestros clamores y unirlos con los de todo el pueblo colombiano. Conjuguemos entonces las herramientas que nos brinda la universidad con la sabiduría de nuestro pueblo alegre y rebelde.

¡Creemos una sola fuerza multicolor consciente, dispuesta a ser el sujeto Constituyente de la Paz, la Democracia y la Justicia Social!

Venezuela: “Hay que construir una nueva correlación de fuerzas”

El semanario VOZ contactó al director de Tribuna Popular y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, Carlos Aquino, para conocer su balance de los recientes resultados electorales, que aumentaron las contradicciones con la derecha recalcitrante, financiada y estimulada desde el exterior

www.semanariovoz.com

Carlos Aquino, director de Tribuna Popular y dirigente del PCV

Carlos A. Lozano Guillén

La República Bolivariana de Venezuela está en la encrucijada. Las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, tras el fallecimiento del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en las que fue incuestionable la victoria del candidato socialista, Nicolás Maduro, exacerbaron las contradicciones con la derecha recalcitrante, representada por el candidato derrotado, Henrique Capriles, aupada y financiada desde el exterior. No es clandestina la actuación descarada de Washington para destruir la revolución bolivariana de marcada influencia en América Latina. Lo hizo también en las elecciones del 7 de octubre, cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, agobiado ya por el cáncer, lo derrotó de manera contundente y sin mayor esfuerzo, como también –y con mayor razón- en las del pasado 14 de abril, cuando Nicolás Maduro superó a Capriles por algo más de 200 mil votos.

Así que la conspiración y la intentona golpista no es nueva. Es la aspiración del imperio yanqui desde cuando emergió en la Venezuela bolivariana la figura carismática y digna del comandante Hugo Rafael Chávez. No se puede olvidar el fallido golpe de 2002, derrotado gracias a la movilización popular y a la firmeza del chavismo y de las fuerzas patrióticas, saludado con anticipación en Washington y Bogotá. Pedro Carmona, el criminal golpista, con quien colaboró Capriles, recibió el asilo político por decisión del presidente Andrés Pastrana, el mismo que ahora llama a desconocer el triunfo de Maduro.

Un riguroso balance

La historia es como es y no como pretenden contarla o ignorarla los analistas de la derecha y de la “gran prensa”, que hace esfuerzos infames para desprestigiar a la revolución bolivariana. Creyeron que era fácil derrotarla. “Maduro no es Chávez”, decían. Al tiempo que los gacetilleros de todos los pelambres lo insultan y subestiman en sus enormes capacidades, acumuladas en años de dirigente sindical y de canciller bolivariano de la dignidad.

Sin embargo, los resultados electorales deben tener lecturas ciertas. No todo se explica en la conspiración golpista. Hay errores e insuficiencias que se deben modificar. Es la tarea de los revolucionarios venezolanos y así lo ha reconocido el presidente Maduro. Lo hace también nuestro entrevistado, Carlos Aquino, director de Tribuna Popular y dirigente comunista, cuyo partido es integrante del Polo Patriótico.

Con toda razón, dice Aquino, hay que construir una nueva correlación de fuerzas, porque la campaña golpista y desestabilizadora continuará por largo tiempo. Lo demuestra la actitud provocadora de la Casa Blanca ante los resultados concretos de la votación. La pelea se gana pero con el pueblo, con el amplio respaldo de las masas. Fue la clave para todas las victorias bolivarianas en vida de Hugo Rafael Chávez Frías, quien demostró enorme capacidad y carisma para conducir al pueblo.

Importancia de la elección

–¿Qué lectura hace el PCV de las elecciones recientes y de la victoria estrecha de Nicolás Maduro sobre el candidato opositor y de la derecha, Henrique Capriles?

–En primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) resalta la importancia de que la elección presidencial del pasado 14 de abril se realizó con una participación cercana al 80% de los venezolanos con derecho a votar, y que luego de 14 años de proceso bolivariano la opción de las fuerzas revolucionarias ganó con el apoyo de más del 50% de los votos, resultando electo Nicolás Maduro. Hay que recordar que en la historia republicana de las últimas décadas del siglo XX, en Venezuela hubo presidentes electos con el 29% de los votos y menos del 1% de ventaja.

Esta elección del 14-A no solamente cumplió con todos los parámetros establecidos en la legislación venezolana, sino que además contó con presencia de representantes del comando de campaña opositor incluso en la totalidad de las 39.018 mesas de votación. Por ende, la legitimidad del presidente Maduro es incuestionable. Es cierto que la diferencia por la que se ganó en esta ocasión es la menor de las elecciones presidenciales en los últimos tres lustros, y entendemos que la explicación de los resultados está dada por razones multifactoriales, por lo que todavía continuamos analizándola en el PCV.

Pero hay que puntualizar que del aumento de poco más de 700 mil votos de la candidatura de la derecha, matemática y políticamente es comprobable que más de 200 mil provienen de votos que en el pasado 7 de octubre fueron “nulos” y de “otras candidaturas”. De los restantes cerca de 480 mil votos que aumentó, seguramente una parte sea del denominado “voto castigo”, como expresión de un sector de la población ante errores y deficiencias gubernamentales, acumulados y coyunturales, especialmente en el impacto negativo de políticas económicas en el poder adquisitivo del pueblo.

Adicionalmente, se encuentra la reducción con respecto al 7-O (7 de octubre) de votos por la alianza identificada con el proceso revolucionario, ubicada en poco más de 600 mil votos, lo cual está vinculado –entre otros factores, al menos en el caso del PCV–, a “abstención castigo”, tomando en cuenta que sectores principalmente de trabajadores, por distintas razones, no asumieron la importancia de darle continuidad al proceso y a la búsqueda de su profundización revolucionaria, sino que pasaron factura a una política laboral que no les ha dado respuestas satisfactorias.

Por todo ello, el PCV ha planteado la necesidad de un profundo análisis autocrítico entre las organizaciones políticas y sociales junto al gobierno nacional, para impulsar colectivamente el conjunto de correctivos con el pueblo trabajador como protagonista.

Estrategia de la derecha

–¿El desconocimiento de los resultados electorales por parte de Capriles es la reacción de un “mal perdedor” o es un plan preconcebido y que estaba preparado?

–A lo largo de los últimos 14 años, ante la pérdida progresiva de sus históricos privilegios, la gran burguesía de nuestro país, que es la derecha proimperialista venezolana, ha mantenido una sola estrategia: derrotar al gobierno bolivariano y a las fuerzas patrióticas. Para ello, ha impulsado diferentes tácticas, pasando por el golpe de Estado, acciones de desestabilización, pretensión de deslegitimar las instituciones del Estado venezolano, intentos por crear un ficticio expediente de vinculación del Gobierno con el narcotráfico, supuestas violaciones a los derechos humanos, etcétera. Para todo lo cual ha contado con el apoyo material y diplomático del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea, además de una formidable estructura mediática nacional e internacional a su servicio.

Tenemos claro que la burguesía no actúa de manera emotiva o visceral sino con base en una planificación y análisis de escenarios. Es decir: el desconocimiento de los resultados electorales no es una decisión de Capriles y menos la reacción de un “mal perdedor”.

Están aprovechando lo relativamente estrecho del resultado –en comparación, como decíamos, con recientes elecciones presidenciales– para calentar la calle y buscar sacarle el mayor beneficio posible al saldo político de su votación, con el objetivo de generar un estado de inestabilidad e ingobernabilidad, basados en la supuesta ilegitimidad del presidente Maduro, que les permita aplicar las “fórmulas” de las denominadas “revoluciones de colores” de los años 90 o más recientemente del Medio Oriente y el norte de África.

Reconocer errores

–El presidente Nicolás Maduro habló el pasado domingo, después de conocida su victoria, de la necesidad de rectificar algunas cosas. ¿En qué aspectos se debe rectificar?

–El PCV ha hecho diversos señalamientos sobre deficiencias y errores cometidos en la gestión de gobierno y en las políticas de Estado, y muchas de ellas las sistematizamos en la línea política que discutimos y aprobamos en nuestro 14º Congreso, en agosto de 2011. En materia económica explicamos que el modelo de capitalismo dependiente, rentista e improductivo no sólo seguía vigente sino que en algunos sentidos se había fortalecido, y que el Estado venezolano seguía siendo “altamente ineficiente, con graves niveles de desorden e improvisación, sin procedimientos claros y estables, sin planificación eficaz”.

Manifestamos también que las estatizaciones de empresas –siendo avances frente a la propiedad privada monopólica sobre los medios de producción– no alteraban de manera significativa el orden económico dominante, y que se realizaban “generalmente por un método burocrático y administrativo, sin el protagonismo de los trabajadores organizados”.

Sobre una de las banderas del gobierno, el llamado “Poder Popular”, criticamos “la conceptualización dominante (…), pues en la actualidad se lo reduce a una instancia circunscrita al nivel inferior del organigrama de la república, se lo convierte en la práctica en una nueva instancia del Estado con posibilidades muy restringidas (…) y, al subordinarlo a éste, se lo priva de su potencial genuinamente revolucionario”.

Señalamos también que desde el 2007 “comenzó un lento pero incesante proceso de debilitamiento relativo del apoyo popular al gobierno”, y que era “necesario reorientar revolucionariamente el proceso para corregir los graves vicios y desviaciones que han surgido en todos los niveles de gobierno, y que han deteriorado su credibilidad y debilitado el entusiasmo del apoyo popular: el despilfarro, el burocratismo, el nepotismo, la corrupción, la carencia de eficaz control y contraloría social, la falta de planificación centralizada de la economía, y el asistencialismo como método para ganarse la voluntad inmediata de las masas de manera clientelar, sin crear en ellas la conciencia de clase que las comprometa en las tareas de la revolución”.

Varios de estos temas los conversamos directamente con el presidente Maduro en una reunión que tuvo con nuestro Buró Político, el pasado 10 de marzo, cuando asistió a la 12ª Conferencia Nacional del PCV, además de que también los incluyó en sus discursos de la campaña electoral, por lo que tenemos la expectativa de que se impulsen los correctivos necesarios.

Acumular fuerzas

–¿Qué viene ahora después de la juramentación de Maduro? ¿Es de largo aliento la conspiración derechista que busca desestabilizar el proceso?

–En el PCV tenemos claro que la conspiración derechista no cesará hasta que no se logre una poderosa, organizada y consciente hegemonía de las fuerzas consecuentemente revolucionarias; e, incluso, en esa circunstancia, continuarán las agresiones y conspiraciones internacionales por parte del imperialismo. Para tener claridad de esto, ahí tenemos el ejemplo de la Cuba socialista, permanentemente asediada a lo largo de 54 años de una profunda y genuina revolución.

Lo que viene ahora es avanzar en el objetivo fundamental de producir una consistente y acelerada acumulación de fuerzas del movimiento obrero y popular, que forje una nueva correlación de fuerzas para la profundización del actual proceso de cambios, para quebrar revolucionariamente la columna vertebral del sistema capitalista en la perspectiva de la edificación del socialismo. Para ello, tenemos el reto de lograr articular una expresión orgánica de la alianza antiimperialista como instancia política unitaria, no restringida al ámbito electoral, con dirección colectiva, que estimule y promueva la discusión política de fondo, y se caracterice por una dinámica que respete la diversidad y favorezca la participación.

Y un eje central inmediato está, como reafirmamos, en la corrección de las deficiencias y errores, con papel protagónico del pueblo trabajador.

–¿En qué momento se encuentra el proceso revolucionario bolivariano y cuál es el compromiso del PCV con el mismo?

–El compromiso del PCV, como reflejo de las necesidades del pueblo y de la revolución venezolana, está definido por incrementar nuestros esfuerzos –como organización clasista revolucionaria, autónoma, crítica y propositiva– para lograr que la clase obrera y el pueblo trabajador asuman un papel efectivamente revolucionario, por lo que nuestro 14º Congreso trazó que es imprescindible resolver tres aspectos fundamentales: conciencia, organización y unidad:

“Conciencia de clase, para asumir la lucha de clases como determinante de los cambios revolucionarios y a la clase obrera como sujeto histórico de la revolución socialista (…). Organización y unidad del movimiento obrero y popular, con independencia de clase, para la lucha social y política revolucionaria por la construcción de un nuevo Estado democrático-popular revolucionario, basado en el Poder Popular, y el establecimiento de relaciones socialistas de producción. (…) de allí la importancia de derrotar la pretensión de colocar a las organizaciones de masas bajo el control de la burocracia estatal y de las tendencias que hegemonizan el proceso”.

La proyección de desarrollo de la actual fase del proceso revolucionario venezolano –y las posibilidades de abrir cauces a la perspectiva socialista– están en dependencia de que construyamos una nueva correlación de fuerzas favorable a la clase obrera y al pueblo trabajador en general. Eso condensa el compromiso público del PCV, y que impulsaremos en nuestro accionar político y de masas, ideológico y organizativo.

Juventud Comunista Colombiana

Por un Trabajo que eleve Nuestro Espíritu

Por un País con Justicia Social

Por una Educación a la altura de Nuestros Sueños

Únete a la lucha

Vincúlate a la JUCO

Sin Democratización del Sistema No Habrá Paz con Justicia Social

Ponencia del Partido Comunista Colombiano presentada en el foro de participación política del 28, 29 y 30 de abril de 2013

El compromiso de una finalización de la guerra por la vía del diálogo y las decisiones políticas, es un paso civilizatorio, un propósito deseable y una alternativa clara al estado de cosas actualmente existente en Colombia. Implica un tránsito a una nueva situación en el país. Exige comprender que habría obligaciones de parte y parte por materializar. Modelos por cambiar, reformas que realizar. Así lo expresaron decenas de organizaciones que participaron en el Foro sobre Desarrollo Rural. En esto Foro se aborda el punto 2, la Participación política y las garantías.

La guerra no apareció de la nada. La insurgencia en respuesta a la violencia de Estado no surgió por capricho, menos aún por propósitos criminales. A 65 años del 9 de abril de 1948, a 51 años de los bombardeos a Marquetalia que forzaron al campesinado a la resistencia, hay que insistir, claramente, en qué debe cambiar en el Estado, en lo político y en las condiciones de la práctica política.

Hace 29 años, en 1984, una tregua bilateral fue el comienzo de un proceso de paz que abrió esperanzas al pueblo colombiano. La guerra sucia desencadenada fue cerrando el camino que empezaba a construirse. El movimiento popular de carácter civil fue sometido al desangre de la guerra de baja intensidad. La fracción de  clase en el poder favorable a la paz no tuvo la capacidad de defender a fondo su propia propuesta frente a los factores de terrorismo de Estado conjugados para el exterminio.

La UP y el PCC han sido las principales víctimas de un genocidio que no puede permanecer más tiempo en la impunidad, si es que de verdad de habla de paz en la hora actual. 

Para el PCC se trata de revindicar una generación de activistas y dirigentes comunistas que fueron aniquilados ante la aparente impotencia de las autoridades y la complicidad real de estructuras enteras del Estado. Varios miles de integrantes del sindicalismo, de la dirigencia comunal, campesina, afro, indígena, periodistas, activistas de DDHH, asimilados a la subversión fueron asesinados, por hacer parte de una oposición democrática al régimen abiertamente discriminada, reprimida y excluida de las garantías más elementales.

Este es en gran medida el tema de este Foro. Es este el elemento clave para entender qué se quiere decir cuando se habla de participación política y garantías.

El diálogo en curso en La Habana entre el gobierno y las Farc Ep, y el que se debe concretar con el ELN y el EPL no puede entenderse como la búsqueda de acuerdos con una insurgencia derrotada. Tampoco el movimiento popular está desmovilizado, como lo demostró el 9 de abril último y las recientes expresiones de la resistencia social al modelo. Entendemos claramente a la insurgencia en la Mesa de Diálogo cuando señala que no está pidiendo garantías solo para su vida y su derecho a la participación política. Coincidimos en el reclamo por libertad política para todo el pueblo, sin exclusiones. La voz de los excluidos debe ser escuchada. El reto es abrir el sistema político a la más amplia y pluralista intervención popular.

¿Cómo fue posible el genocidio anticomunista en Colombia? ¿Qué responsabilidades se ocultan en las estructuras del poder ejecutivo? ¿Cómo pudo la guerra contrainsurgente convertirse en una política permanente del Estado? El espíritu constituyente de 1991 introdujo algunas garantías, pero fortaleció el  modelo neoliberal y mantuvo la guerra, pese al mandato expreso del artículo 22. 

Un acuerdo para la paz duradera tiene que poner fin a la política de guerra del Estado.

Tiene que definir que las fuerzas armadas no puede tener como finalidad la guerra contrainsurgente. Su razón de ser es la defensa de las fronteras y la soberanía nacional. Eso debe quedar escrito en la Constitución, sin añadidos. Su tamaño debe ser funcional a su propósito y superar el gigantismo desproporcionado. Debe ponerse fin al Plan Colombia, como forma de intervencionismo militar extranjero con fines de contrainsurgencia. El tránsito hacia las condiciones de la democracia exige el desmonte de todos los aparatos del narcoparamilitarismo, de sus vínculos con estructuras del ejército y policía, la depuración del Estado en todas sus instancias.

Un acuerdo para la paz justa, democrática y duradera debe reconocer con hechos, no solo con proclamas, que la oposición democrática que ejerce legítimamente la izquierda colombiana tiene que ser reparada plenamente y gozar de iguales derechos materializables para actuar como alternativa de gobierno y de poder. Implica democratizar el sistema electoral y constituirlo como un poder autónomo, digitalizado, confiable. Favorecer la formación de partidos, facilitar las coaliciones, suprimir el umbral, restablecer una nueva modalidad del sistema proporcional. Crear un estatuto democrático de garantías para la oposición, con medios de comunicación y presencia en los organismos del Control del Estado. Estímulo a nuevas formas de participación popular decisoria en todos los niveles y creación de la rama del poder popular

Un acuerdo para la paz con justicia social debe crear las condiciones para superar las escandalosas desigualdades que caracterizan la formación económico social colombiana; impulsar una política soberana en materia de economía, superando la llama “independencia” del Banco de la República, democratizando sus instancias directivas, abriendo los órganos que elaboran la política económica y social del Estado a la participación de los trabajadores, de las comunidades regionales organizadas, de la academia; fortaleciendo la consulta popular a la legislación sobre los usos del territorio.

Un acuerdo de paz entendido desde el derecho a la participación y las garantías  debe ayudar a superar la idea de que el cambio no es posible, que los temas fundamentales, no se pueden tocar, que las instituciones son eternas e inmodificables. No. La consigna es que no solo puede ser cambiado el mundo institucional sino que merece serlo si se acepta que nuevas relaciones de poder deben surgir de la democratización del sistema político monopolizado por un sector de la sociedad para su provecho, sus privilegios y el desconocimiento de los demás, considerados como parte del “enemigo”.

La reconciliación en Colombia exige el reconocimiento de que otros proyectos democráticos de Sociedad y de Estado son posibles, que tienen derecho a competir y a emular en opciones con igualdad de condiciones. Proponemos la coexistencia de opciones de sociedad distintas, pero coexistencia en el pluralismo, en la solidaridad, en el sentido de soberanía y de patria, sin interferencias imperiales y en unidad e integración con América Latina y el Caribe. Debatámoslo en una representativa Asamblea constituyente de cara a la sociedad y al mundo.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Jaime Caycedo Turriago, Secretario General

Gloria Inés Ramírez Ríos, Senadora de la República


Bogotá, abril 28 de 2013

LAS FARC-EP y el tema de la Participación Política

CARLOS MEDINA GALLEGO
www.camega.org

A través del Comunicado Conjunto No. 12 del Marzo 21 de 2013 las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, en la mesa de conversaciones de La Habana, informan a la opinión pública que continúan avanzando en la discusión del primer punto de la Agenda y en la construcción de acuerdos sobre los temas de acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva, lo que de hecho constituye una buena noticia para el país.

Sin embargo, la mayor motivación que se genera al respecto es la afirmación y la solicitud que hacen al señalar: ". dado este avance,las delegaciones le pidieron a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional que inicien la preparación de un nuevo foro sobre el siguiente punto de la Agenda, Participación política, a realizarse los días 28, 29 y 30 de abril en Bogotá", conforme lo señalan en el Comunicado conjunto No. 13.

La mesa de conversaciones se propone en breve tiempo asumir la discusión del punto dos de la agenda, que es también un segundo problema estructural que da origen al conflicto armado, en la década de los sesenta, relacionado con la ampliación y profundización de la democracia en el país. El tema de la participación política es sin duda el escenario en el cual se definen las condiciones viables para pasar de la confrontación armada a la contienda política, por esto en la agenda antecede el punto de finalización del conflicto y dejación de armas. Es un tema de diversos y difíciles abordajes y de importantes retos institucionales. No es un tema puramente electoral, de conformación de partidos o de acceso a curules parlamentarias, sino, que implica el ordenamiento del sistema político y las posibilidades de que este sea más incluyente de los sectores sociales y políticos que han estado al margen del ejercicio del poder en condiciones de oposición política y resistencia armada.

Digamos sin ir muy lejos, que se trata de hacer efectivos los enunciados constitucionales definitorios del país como un Estado Social de Derecho. democrático, participativo y pluralista. Estos elementos son esenciales para la construcción de un modelo de democracia incluyente, deben ser desarrollados de manera creativa y plenamente para que los mismos se garanticen en el ejercicio de las formas del poder político, de modo que todos los interesados en el bien común puedan participar desde distintas orillas del pensamiento y la acción institucional y social en la búsqueda de las soluciones a los problemas nacionales.

Desde hace muchos años se ha debatido sobre la conveniencia de introducir una serie de reformas políticas que transformen el régimen presidencialista, cuya tendencia es a la concentración de todos los poderes del Estado,  en un régimen  parlamentario como una de las formas necesarias para la profundización de la democracia y para generar un marco institucional que propicie políticas que la haga más real, en cuanto más inclusiva y eficaz en materia de justicia social.

Se considera que un ejecutivo originado en el parlamento y con un abanico amplio de partidos fuertes, daría las condiciones de inclusión política necesaria para la paz, en un país en el camino de su propia modernización institucional. Pero, esto demandaría de un Congreso Ejemplar, con una cultura política suscrita al interés nacional y no, como tenemos hoy, un congreso fragmentado en liderazgos personalistas e intereses particulares. Por lo tanto, la discusión se centra, esencialmente, en las reformas al sistema electoral buscando su mayor eficiencia y fortaleza y a la creación de un régimen de partidos fuertes e independientes, capaces de definir la fortaleza del Estado en los pesos y contrapesos de un sólido sistema de oposición política.

La descomposición y desfiguración del papel de los partidos como sistemas de mediación política e intérpretes de interés nacional, ha obligado a los movimientos sociales, populares y políticos a incursionar en la lucha electoral, buscando ya no ser representados, sino estar presentes en los lugares de definición de la acción política e institucional y en la conducción misma del Estado en todos sus niveles de decisión política y ejecución administrativa. Desde luego, el camino de su participación está cerrado y llenos de obstáculos normativos que es necesario modificar para que el ejercicio democrático electoral, juicioso y responsable, contribuya a la profundización y ampliación de la democracia, la que debe extenderse a todas las actividades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que convoquen el interés público y el bienestar común.

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera ha señalado unas pautas específicas para abordar la reflexión del tema de la participación política. Una lectura hermenéutica de las mismas conduce fácilmente a la definición de unas líneas de trabajo que convocan aspectos de orden constitucional, reformas políticas, redefinición de las lógicas de participación para la ampliación y profundización de la democracia, medios de comunicación y una política pública de seguridad que garantice la integridad física de quienes participan de la actividad política y evite que se repitan los magnicidios y genocidios que llenaron de dolor décadas de conflicto y que no solamente consumieron la vida de dirigentes y militantes de la izquierda, sino, que igualmente, involucraron dirigentes e integrantes de los partidos tradicionales, de los frentes políticos y de los sin partido.

Una revisión juiciosa de la legislación existente y en particular de la Ley 1475 de Julio de 2011, por la cual se establece la organización y el funcionamiento de los Partidos políticos, con el objeto de que se hagan los ajustes necesario para que los problemas surgidos en su implementación puedan ser superados y se introduzcan los aspectos que sean necesarios para ampliar y profundizar la democracia y crear un moderno sistema de partidos fuertes que son los que definen la naturaleza de una autentica democracia, en la que esté debidamente representados los sectores sociales y los movimientos políticos de izquierda y de oposición, en el ejercicio de los principios de participación, igualdad, pluralismo, equidad e igualdad de género, transparencia y moralidad y donde se reglamente rigurosamente la vida interna de los partidos.

Temas como el reconocimiento de los partidos, su financiación y de las campañas electorales, el umbral, el acceso democrático a los medios de comunicación públicos y privados, las circunscripciones del orden nacional, el voto preferente, la modernización del sistema electoral, entre otros aspectos estructurales son de urgente y necesario abordaje crítico. Si bien no se trata de cambiar todo, si al menos de mejorar lo existente de tal forma que se fortalezca la democracia y se aumente la participación ciudadana en la lucha política, lo cual esta precedido de una pedagogía de la democracia que garantice una cultura política soportada en una ética del interés nacional y el bien común. Todo esto unido a una institucionalidad política que es promotora y garante del pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos.

El acuerdo busca definir la participación política en torno al reconocimiento de los derechos y  de las garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final; que se afinen los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles del ejercicio del poder político y diversos temas que atañen al interés de la nación y, que se establezca medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, aspectos todos esenciales para consolidar la paz, aumentar el nivel de convivencia democrática y construir los caminos del bienestar general de la población.

El país tiene que desarmar las veleidades de los espíritus sectarios, madurar en la tolerancia y el respeto por la diferencia, garantizarse un escenario político en el puedan acontecer todos los cambios que sean necesarios sin otro recurso adicional que la legitimidad que concede la voluntad popular.

No tengo la menor idea a donde van a llegar a hacer la política como partido, movimiento o frente político las FARC-EP. Tengo claro que su camino está lleno de expectativas y oportunidades, de significativos ejemplos en las democracias alternativas de América Latina. Ojalá llegaran a un frente amplio, democrático y de paz,  donde confluyan en una sola fuerza todos los movimientos sociales y políticos de la izquierda,  conjuntamente, con fuerzas democráticas y progresistas de los partidos tradicionales y de las nuevas organizaciones políticas en construcción y consolidación, dispuestas a trabajar por un nuevo país.

El paso irreversible de las FARC-EP hacia la lucha institucional y política se está acercando de manera contundente y segura, lo peor que nos podría pasar es que una nueva estrategia estatal repitiera la dolorosa historia de la UP, el M-19, el EPL y en general de la izquierda colombiana que sucumbió ante la alianza del terrorismo criminal del Estado y el narco-paramilitarismo. Tengo el convencimiento aunque desafortunadamente, se choca a diario con la realidad,  que eso no va a ocurrir porque la nación colombiana no va a desperdiciar esta oportunidad única y feliz de poner fin al conflicto armado.

Un camino de reflexiones críticas y perspectivas para profundizar y ampliar la democracia está por abrirse en el FORO NACIONAL SOBRE PARTICIPACION POLITICA; todos debemos aportar para que una era de cambios democráticos contribuya a la consolidación definitiva de la paz.

Seguimos esperando con urgencia la llegada del ELN a esta cruzada de paz y transformaciones democráticas, con el convencimiento que esa organización está trabajando en el mismo sentido.

Abril 1 de 2013 

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente - Investigador
Universidad Nacional de Colombia

UNIÓN PATRIÓTICA: REALIDAD Y FICCIÓN

CRÓNICA

A propósito de la futura participación política de las FARC, Yezid Arteta, exmiembro de esa guerrilla, escribió para Semana.com.

Es la bonanza que nos llega. Con estas palabras describió un pastor evangélico a la Unión Patriótica cuando la bola llegó hasta las cumbres de la cordillera occidental caucana. Eso sucedió en un remoto caserío del municipio del Patía, a mediados de los ochenta, cuando los frentes de las FARC seguían a rajatablas la tregua ordenada por Manuel Marulanda Vélez desde su cuartel general.

Las FARC se tomaron en serio el proceso de paz iniciado por el presidente Belisario Betancur en su primer año de mandato. La Unión Patriótica era una puerta para quienes habíamos optado por la lucha guerrillera y creíamos de buena fe que había llegado el momento de dejar los fierros y confiar en la legalidad. En cambio, para una franja importante de colombianas y colombianos, la Unión Patriótica era una respuesta esperanzadora y competente para romper la hegemonía de los dos grandes partidos que se quedaron con todo el pastel y no le dejaron ni una molécula en la mesa a quienes decían no pertenecer al liberalismo o al conservatismo.

El Palacio de Justicia, calcinado y humeante, luego de la absurda toma del M-19 y la nihilista retoma de las tropas oficiales, era el más vivo y apocalíptico retrato de la capital colombiana que, durante aquellos días, acogía a más de 3.000 delegados. Toda la gente que llegaba desde los cuatro puntos cardinales del país iba con un solo propósito: crear un nuevo partido político. Era el tiempo de la Unión Patriótica. El teatro Jorge Eliécer Gaitán fue la cuna del primer congreso. Allí los delegados aprobaron por aclamación un programa político de veinte puntos, de los cuales algunos fueron asumidos por la Nación años después, tales como la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y la elección popular de gobernadores y alcaldes.

Es absurdo mirar a través de los cristales del siglo XXI los sucesos relacionados con la Unión Patriótica. Lo recomendable es emplear unos lentes modelo 1985 para evitar imágenes borrosas o distorsionadas. Colombia era gobernada entonces a través del Estado de Sitio permanente y los tribunales militares juzgaban a los civiles acusados de “subvertir el orden”. Un parágrafo del artículo 120 de la Carta Constitucional dividía a la sociedad en ciudadanos de primera y segunda clase. Los primeros, liberales y conservadores, dominaban por mandato legal toda la estructura ejecutiva del Estado y los segundos tenían derecho al voto pero no podían gobernar.

Batallando contra un laberinto de leyes restrictivas y antidemocráticas nace la Unión Patriótica. Mientras sus integrantes creían posible cambiar el statu quo a través del encanto que despertaba su programa transformador, otros en cambio, de noche y desde las cloacas, iban preparando una olla podrida para cocinar y pulverizar a los “enemigos del régimen”, mientras enseñaban a la luz del día, teoría constitucional en las facultades de derecho y citaban a Maurice Duverger.

En el mundo de las FARC los diálogos con el gobierno de Betancur eran vistos con entusiasmo. Jacobo Arenas y otros cuadros de la organización reunían cualidades para ganar el sufragio de la ciudadanía. Hacia allá iban las FARC. Hacia la política abierta hasta que la matanza de líderes de la Unión Patriótica las hizo recular. Vuélvanse a las montañas porque nos van a exterminar, se corrió la voz entre las distintas estructuras de la guerrilla. Vuélvanse que es una trampa, coreaban los estafetas. Quién preparó la trampa. Quién ordenó la matanza. Quién se cargó el proceso de paz con las FARC. Quién ordenó sacar de la contienda política a la Unión Patriótica. Un largo etcétera de preguntas y pocas respuestas hasta ahora.

Las FARC hubieran podido llegar a la Unión Patriótica. No llegaron porque hubo potencias activas, enroscadas en distintas esferas del poder, que lo impidieron. Fuerzas que hicieron suya la temeraria teoría del “enemigo interno”, y de este modo, obtuvieron luz verde para barrer a la oposición de izquierda por los medios que fueran, sin descartar por supuesto, el asesinato selectivo.

Recuerdo que asistí al primer congreso de la Unión Patriótica y recibí mi acreditación de delegado en la sede del Concejo de Bogotá, donde funcionaba la comisión de credenciales. Llegué a Bogotá con los brazos arañados porque días antes me había extraviado con una comisión de guerrilleros en un nudo selvático del municipio de El Tambo, Cauca, y nos tocó batallar contra las zarzas para salir de allí. Eran otros tiempos. Éramos una organización modesta en hombres y recursos.

Sobre uno de mis hombros colgaba una carabina M-1 recortada y buena parte de los integrantes del frente guerrillero lucían bluyines e iban armados con escopetas y revólveres. Pensar que la guerrilla podía tomarse el poder con lo que tenía en ese entonces es uno de los más extravagantes disfraces que se emplearon como excusa para tirarse el proceso de paz que había comenzado con expectativa en el desfiladero del río Duda.

Cuando transcurrían los primeros meses de la tregua, volví del congreso de la Unión Patriótica y participé en varios actos públicos porque todo indicaba que ya nos quedaba poco tiempo en el monte, puesto que parecía inminente y palpable el anhelado espacio que permitiera a la guerrilla saltar a la arena política sin recurrir a las armas. Así pensábamos en la guerrilla pero no pensaban lo mismo quienes estaban empeñados en que la guerra fría se definiera en favor de Washington e hicieron toda suerte de diabluras para que el proceso fracasara y así quedar con las manos libres para ensañarse contra la gente de la Unión Patriótica.

Cuando estuve en Argelia, Cauca, sin armas, participando en una concentración política me llamó la atención la ambivalencia de los miembros de la policía que merodeaban el acto, ya que algunos de ellos se comprometieron a protegerme y otros por el contrario querían impedir mi participación. Así funcionaba la tregua en los teatros de operaciones. Unos militares dispuestos a cumplirla y otros empeñados en reventarla. La cuerda no aguantó el peso y al final se reventó.

Los campesinos del Macizo Colombiano y de la alta y media bota caucana que fueron a escuchar a Jaime Pardo Leal, el fogoso orador y candidato presidencial por la Unión Patriótica asesinado en 1987, lo vieron por última vez en la plaza de mercado del Bordo. Estaba comiéndose una sandía mientras conversaba y carcajeaba con una vendedora de frutas. Pardo Leal y otros miles de militantes de la Unión Patriótica, con sus meros discursos y su fe de carboneros,  seguían recorriendo el país para convencer a la frutera del Bordo y a millones como ella que sólo la paz y la justicia social podían redimirlos. Esa fue su culpa.

No puede tildarse más que de alevosía todas las argumentaciones que por estos días realizan algunos analistas para justificar el asesinato de una generación completa de la izquierda colombiana. Varios columnistas se han puesto a la tarea de encontrarle pelos negros a un gato blanquísimo. Pretenden asociar los orígenes y la actividad de la Unión Patriótica con prácticas violentas. Hacen suya la expresión evangélica – el que a hierro mata a hierro muere – para razonar cada uno de los asesinatos cometidos contra esta colectividad. Sembraron violencia y por tanto cosecharon violencia. Así la están contando en sus escritos.

Lo que no cuentan es que los estatutos originales de la Unión Patriótica no daban pie a equívocos con relación a la forma de hacer política. Todos los miembros del partido, conforme al artículo primero de los estatutos inscritos ante el Consejo Electoral, debieron ceñirse a la carta de derechos y obligaciones consagrados en la Constitución. Y no era bla bla bla. Está probado, hasta el sol de hoy, que no hay una sola víctima de la Unión Patriótica que haya perecido en un combate, y sin embargo, todos murieron a bala. No hay un solo expediente que demuestre lo contrario. Era gente que estaba haciendo la tarea política conforme a las leyes vigentes del país, y sin embargo, los trataron como combatientes y con el agravante de que los mataban a traición. Por la espalda.

Colombia: Democracia Incompleta se intitula un libro sencillo y práctico escrito por un ex viceministro de defensa de Colombia del actual gobierno. El ensayo que comparto a rasgos generales amén que recomiendo su lectura, es un memorial de agravios contra lo que ha sido y es el actual régimen político colombiano. El exfuncionario de Mindefensa niega que en Colombia existan derechos para la oposición política y recuerda que el Frente Nacional “pasó por alto la existencia de pequeñas expresiones políticas como el Partido Comunista”. Lo que no entiendo ahora es por qué razón el autor de este ensayo se opone tan fieramente en sus comentarios a que el gobierno y la guerrilla puedan llegar a un acuerdo para destapar el actual sistema político que, como él bien lo argumenta en su investigación, es “cerrado, excluyente y golpea a la oposición”.

Todo esto lo cuento porque el tema de la Unión Patriótica salió a flote en estos días tan extraños en los que los antiguos pacificadores se volvieron generales de la noche a la mañana y sin haber echado un tiro en su vida, no ven la manera de demoler los diálogos con las FARC. Lo cuento también porque ya se perfila en el horizonte el tema de la participación y las garantías políticas en Colombia y bien vale la pena echar una mirada desde el retrovisor al reguero de muertos que quedaron a la orilla del camino. La Unión Patriótica estuvo dando la cara y la vida cuando muchas de las oenegés que tanto ruido hacen ni siquiera existían. Algo que nadie debe olvidar: los cientos de militantes de la Unión Patriótica martirizados fueron leales a su destino. No todos los políticos colombianos pueden decir lo mismo.

El PDA y su Equívoco en la Lucha por la Paz

Compañeros, en política 2+2 no suman 4

También el paro cafetero fue exitoso. De eso no hay ninguna duda, pero además, los comunistas y otras fuerzas que integramos el movimiento socio político Marcha Patriótica no solo nos solidarizamos, sino que, modestamente, donde tenemos influencia, lo apoyamos material y políticamente. No nos atravesamos como rumiantes yertos en la vereda, ni impedimos el pronunciamiento de apoyo de las diversas organizaciones sociales allí donde incidimos.

Nadie relevante, desde la izquierda, señaló a Salvación Agropecuaria, ni a la dirección del PDA, como auxiliares del expresidente Álvaro Uribe, quien de manera oportunista se sumó al paro cafetero. Ningún sector consecuente tuvo la incongruencia de quitar el apoyo a esta justa movilización, por el graznar, con el perdón de los pájaros, de los adláteres de Uribe. Tampoco esgrimimos el carácter reaccionario que en el pasado han tenido algunos de los medianos caficultores, ni inoportunamente nos dedicamos a señalar, en ese momento, la sobreexplotación de los humildes jornaleros del café por parte de los finqueros. Lo relevante, entonces, era apoyar esa justa movilización y así lo hicimos.

Esa unidad de acción, la motivó la crítica situación de este importante sector del agro. Nosotros fuimos sensatos en no reproducir la injuria del Gobierno, al afirmar que el senador Robledo y la compañera Clara López, directa o indirectamente, apoyaban la reelección del uribismo. En esa misma dirección, no hay que olvidar que, cuando iniciamos la ardua lucha contra el ALCA y después contra los TLC, hubo sectores mecanicistas que no asumieron la tarea, con el peregrino argumento, que esta lucha también beneficiaba a los empresarios. Lo que primaba no era salvarlos, sino impedir lo que estamos viendo con el arrasamiento de lo que queda de la producción nacional. Entonces, por fortuna, la mayoría del FSP, y posteriormente del PDA, acertamos en la unidad de acción y, hay que decirlo, la lucha tuvo importantes resultados políticos para la  izquierda y los sectores democráticos.

Dicho lo anterior, con la Marcha del 9 de abril no cabe la menor duda, de que la dirección del PDA se equivocó al confundir la unidad de acción frente a un tema específico, con lo que significa el accionar unitario en política. Mal les queda, a algunos dirigentes del PDA, editorializar en el sentido de que la exitosa movilización por la paz era para hacerle el juego a la reelección del presidente Santos o lavarle la cara a la administración Petro. En esa misma dirección, se equivocan los dirigentes de las organizaciones sociales que mandaron el mensaje, también equívoco, de no salir a marchar por la paz.

Los comunistas reconocemos, que nos hemos equivocado en el pasado al elegir con quien hacer unidad de acción. Por ejemplo, Gilberto Vieira con gallardía reconoció, que erramos con nuestra apreciación frente al UNIR, dirigido por Jorge Eliecer Gaitán. No participamos de la Marcha del Silencio, pero posteriormente rectificamos y organizamos la resistencia agrarista al lado de los liberales consecuentes, y por eso hemos compartido sinceramente, que el día de las víctimas sea el 9 de abril, y por ello, lo más sensato para abrir camino hacia la reconciliación nacional, en homenaje a las víctimas y por la paz, era marchar.

Frente a la marcha del 4 de febrero del 2008, en el PDA no nos pusimos de acuerdo. Para entonces, Gustavo Petro se equivocó al invitar a marchar muy cerca de la movilización uribista contra las FARC. Nosotros y otros sectores también nos equivocamos al decirle a nuestras bases, que había que quedarse en la casa, pero el doctor Gaviria, entonces presidente PDA, acertó al impulsar, temprano, la toma de la Plaza de Bolívar en favor de la lucha por la paz.

Hoy, lo importante es que se ha generado un gran hecho político y, siendo consecuentes con el Ideario de Unidad, la lucha por la paz está al centro de la vida política nacional. Los Progresistas, la Marcha, el Congreso, Vamos por los Derechos, las bases del PDA y sectores afines al Gobierno sumamos, en unidad de acción, cientos de miles de compatriotas que, conscientemente y sin astucias, le apostamos a este propósito común. Las especulaciones políticas de la compañera Piedad no pueden ser óbice para soslayar el compromiso por la paz, no bastan las declaraciones.

Compañeros y compañeras: Ni Bolívar se hizo colonialista por su unidad de acción puntual con los ingleses, ni Mao nacionalista por su unidad de acción, también puntual, con Chiang Kai-shek. Por ahora, lo urgente es la solución política y que la guerra cese. Lo prioritario en estos momentos, es reconocer nuestros aciertos y no recaer en los errores del pasado. Lo coherente es trabajar juntos por un frente político amplio, que más allá de la unidad de acción, nos conduzca a enfrentar unitariamente a los diferentes sectores de la oligarquía, que en lo esencial, no tienen contradicciones antagónicas entre sí.

Alfredo Holguín M.

Militante de base del PCC

 Coordinación europea del PC/JC

Miembro de la Fundación Walter Benjamin

9 de abril: ¡Pueblo para la paz!

Gabriel Becerra Y.

 

No está de más volver a reiterarlo: la solución política al histórico conflicto social y armado cruza el presente y el futuro de la sociedad colombiana. No es un falso dilema el de la guerra o la paz para Colombia.

El avance de este nuevo intento entre el Gobierno y las FARC-EP que aspiramos se extienda con el ELN y el EPL, puede derivar en cambios políticos, sociales y económicos que abran el camino a una paz con justicia social o puede terminar, como quieren sus enemigos abiertos o agazapados, en una nueva frustración histórica con consecuencias negativas no sólo para el crecimiento de la economía y la recuperación de una verdadera democracia, sino también en el agravamiento de la ya crítica situación humanitaria

La violencia en sus diversas formas ha sido una constante de la clase dominante colombiana, que desde la primera independencia a inicios del siglo XIX se ha dado a la tarea de impedir la participación popular valiéndose del engaño, las divisiones y la guerra sucia.

La historia de esta joven república ha sido la historia de las guerras civiles y, ya en el siglo XX, la historia de la violencia, documentada por ese clásico de la sociología escrito por Fals Borda, Eduardo Umaña y monseñor Guzmán a inicios de los 60, pero también por los testimonios de múltiples protagonistas de la resistencia campesina, posteriormente guerrillera, y por otras luchas obreras y sociales, así como por investigadores sociales independientes. ¿Debe seguir siendo esta la historia de nuestra patria? ¿Es posible la paz para Colombia?

Los revolucionarios no vacilamos en esta respuesta. Como lo titula el libro de nuestro director “La paz sí es posible”. Y es posible si conlleva cambios en el status quo y si cuenta con la participación y el respaldo popular. Una paz por las alturas o una paz sin cambios llevaría, desde otra perspectiva, a nuevas frustraciones y nuevos ciclos de violencia social y política. Paz debe ser sinónimo de democracia, justicia social y dignidad para el pueblo.

Es así que, interpretando los nuevos momentos y evocando esa histórica jornada convocada por Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de 1948 como reacción pacífica a la violencia conservadora del régimen de Mariano Ospina Pérez y sus fuerzas armadas, en la cual como único orador leyó la Oración por la Paz, hoy, 65 años después, pero un 9 de abril, día en que fue asesinado el caudillo popular, una alianza de organizaciones sociales, políticas, religiosas, culturales, con el acompañamiento de delegados internacionales y el apoyo del gobierno distrital bajo el eslogan “Somos más, ahora sí la paz”, movilizará cientos de miles de personas con el objetivo inequívoco de respaldar el proceso de diálogo, la lucha por la democracia con justicia social y la defensa de un proyecto colectivo de país que promueva el interés público en contra de la voracidad privatizadora del neoliberalismo.

Será una movilización amplia, unitaria, plural, alegre, creativa, pero autónoma e independiente de cualquier poder institucional; surgida de la entraña de las organizaciones comprometidas con la salida política al conflicto social y armado que avanzan en un conjunto de propuestas de participación y movilización popular como lo son las constituyentes y los congresos por la paz, hacia un nuevo poder junto a las luchas obreras, estudiantiles, campesinas y políticas que se extienden y manifiestan a lo largo y ancho del país.

En consecuencia, los anuncios presidenciales y de otras instancias gubernamentales deben tomar nota de su carácter y saber que existirá un contundente rechazo a cualquier asomo de oportunismo político.

El 9 de abril será un grito colectivo por la paz con justicia social, un acto organizado y consciente desde la diversidad que construye una nueva subjetividad en contra de la guerra; también un acto de memoria colectiva en donde habrá una nueva oración por la paz que le recuerde a los poderosos las palabras honestas con las cuales Gaitán los convocaba a parar la guerra, hace 65 años:

“Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!”.

¡Nos vemos en la Calle!

Semanario Voz

Constituyentes Por La Solución Política Y La Paz Con Justicia Social En Colombia

Inspirados en las conclusiones del “Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientese Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia. El Diálogo es la Ruta”, realizado en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto de 2011, proponemos la convocatoria y realización de Constituyentes regionales por la solución política y la paz con justicia social en Colombia. Concebimos esta convocatoria como parte de las aspiraciones de sectores importantes de la sociedad colombiana interesados en contribuir a darle un trámite distinto al del ejercicio de la violencia, a los conflictos sociales, ambientales, territoriales y de clase que agobian a nuestro país.

Más allá de los rasgos específicos y de la dinámica que pueda asumir la confrontación militar entre el Estado y las fuerzas insurgentes, de las idas y venidas en el cruento trasegar de la guerra, es evidente que décadas de conflicto armado colombiano son la fehaciente demostración de la imposibilidad de resolver por la vía militar un conflicto que por su naturaleza es histórico y social y persiste más allá de la violencia.

A pesar de las posiciones más guerreristas, lideradas por el uribismo y el llamado (puro) centro democrático, quienes desconocen el conflicto y lo consideran más bien como una amenaza  terrorista, abogando por una salida con evidentes contenidos fascistas al concebir una solución militar basada en la destrucción y el exterminio del supuesto enemigo terrorista. Además, estos sectores desdicen de cualquier posibilidad de considerar una eventual salida política, pese a que durante los gobiernos de Uribe la dinámica de la confrontación armada los llevó por momentos a considerar acercamientos con la guerrilla, así fueran con propósitos pragmáticos. Es Innegable que la política de la solución militar, independientemente de las formas que ella asuma, está condenada a fracasar, como ha ocurrido hasta ahora. Persistir en ella, es prolongar de manera indefinida la guerra.

La sociedad colombiana no puede continuar sometida a las decisiones de la planeación estratégica de la guerra y de la solución militar, que no reparan en manera alguna en la tragedia humana que trastorna abruptamente trayectorias individuales y familiares de vida, ni en los impactos económicos, políticos, culturales y sicosociales que trae consigo la prolongación de la guerra. La sociedad, y las gentes del común en particular, demandan entre tanto no la regulación sino el fin de la guerra. Y ello pasa, desde luego, por superar las causas que la originan.

Es la hora de que la manifestación de voluntad política por parte de las fuerzas insurgentes a favor de la solución política, expresada en diversos documentos escritos y audiovisuales, y la afirmación gubernamental acerca de que la llave de la paz no está extraviada, se puedan concretar en hechos reales que superen el actual estado de aparente indefinición, de utilidad solamente para los intereses imperiales y de las clases dominantes que se lucran con la guerra y consideran la salida militar como la única opción posible.

La convocatoria y realización de las Constituyentes se presenta en un momento en el que las salidas al conflicto social y armado se encuentran en el centro del debate político nacional. La formalización y el inicio de los diálogos entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos representan un hecho político del mayor significado, que puede generar condiciones para transitar caminos distintos a los de la guerra y la solución militar impuestas por las clases dominantes, y sentar las bases para avanzar hacia la paz con justicia social.

La Agenda que se abordará en La Habana, en una interpretación amplia y favorable a los intereses de las mayorías oprimidas y explotadas, recoge aspiraciones y anhelos de cambio de nuestro pueblo, que pueden materializarse, siempre y cuando se cuente con el debido respaldo, la consecuente movilización y el mayor despliegue de iniciativas por parte de las gentes del común y los más amplios sectores sociales y populares. La naturaleza histórica y el carácter social del conflicto conllevan a que su solución no puede limitarse a acuerdos entre las fuerzas militares comprometidas directamente en la contienda militar, las fuerzas del Estado y las fuerzas insurgentes, sino que ésta involucra necesariamente al conjunto de la sociedad, y especialmente el sentir de las gentes del común, de los sectores sociales y populares que ven afectadas sus condiciones cotidianas de vida digna, trabajo y existencia.

Necesitamos decirnos y decirle a las nuevas generaciones de colombianos y colombianas que no son necesarios más muertos para hablar de solución política y, sobre todo, para hacerla una realidad. Esa posibilidad, que hoy se convierte en urgencia vital, en necesidad, demanda la construcción de un mandato social y popular por la solución política y la paz con justicia social en Colombia. Tal construcción no puede ser más que el producto de una amplia organización y movilización, que logre reunir a todas aquellas voces de compatriotas que consideran y sueñan con caminos distintos a los que nos tienen en el despeñadero de la guerra. En desarrollo de ese propósito, las Constituyentes regionales por la solución política y la paz con justicia social en Colombia representan un espacio social de esperanza.

Contribuir a la búsqueda de una solución política se ha constituido en un imperativo ético y político para el buen vivir de la población colombiana. Se trata de la respuesta que las gentes del común y amplios sectores sociales y populares y de la opinión pública tienen frente al militarismo y la ultraderecha, y al propio gobierno de Santos que, pese al inicio de los diálogos, sigue confiando en la posibilidad de una solución militar.

Las constituyentes se convocan precisamente por cuanto -ante la ausencia de una política de paz-se hace indispensable la manifestación de la voluntad soberana de las clases subalternas y de todos aquellos sectores sociales que anhelan materializar los sueños de paz del pueblo colombiano. Frente a la prepotencia del poder constituido, en cuya agenda solo pareciera encontrarse la estrategia guerrerista, es el momento para que se desate y despliegue la potencia creadora, imaginativa y apasionada del poder constituyente, para que la voluntad del pueblo soberano se pueda erigir en la forma de un mandato social y popular por la solución política y la paz con justicia social en Colombia.

De contarse con una amplia movilización y activa participación social y popular a favor de la solución política, que enriquezca y desarrolle el Acuerdo que permitió el inicio de las conversaciones en La Habana, se puede considerar la posibilidad real de cambiar el balance político que ha predominado durante la última década a fin de emprender las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que requiere el país, con miras a superar las causas que originaron el conflicto y hacen qué este se reproduzca en medio de la confrontación armada. El sólo anuncio de los diálogos ha contado con la simpatía de las grandes mayorías del pueblo colombiano y ha generado múltiples expresiones de voluntad por participar en ellos con las más variadas iniciativas.

La propuesta de Constituyentes se inscribe precisamente dentro de ese propósito. La paz con justicia social no es gratuita y no puede limitarse al ejercicio de la competencia política en un régimen político y un sistema político caracterizados por rasgos criminales, corruptos y mafiosos. La paz con justicia social requiere ser llenada de contenidos y estos sólo pueden provenir de las gentes, los hombres y mujeres del común, de quienes a lo largo de cerca de dos siglos de vida republicana han padecido el régimen de dominación y explotación que ha servido de sustento a los privilegios de unos pocos.

Constituyentes por la Solución Política y la Paz con Justicia Social en Colombia

“El Diálogoes la Ruta”

(Ver Objetivos, Naturaleza, Ejes Temáticos y Conformación y Funcionamiento)