Inspirados
en las conclusiones del “Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientese
Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia. El Diálogo es la Ruta”, realizado
en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto de 2011, proponemos la convocatoria y
realización de Constituyentes regionales por la solución política y la paz con justicia
social en Colombia. Concebimos esta convocatoria como parte de las aspiraciones
de sectores importantes de la sociedad colombiana interesados en contribuir a
darle un trámite distinto al del ejercicio de la violencia, a los conflictos
sociales, ambientales, territoriales y de clase que agobian a nuestro país.
Más allá de
los rasgos específicos y de la dinámica que pueda asumir la confrontación
militar entre el Estado y las fuerzas insurgentes, de las idas y venidas en el
cruento trasegar de la guerra, es evidente que décadas de conflicto armado
colombiano son la fehaciente demostración de la imposibilidad de resolver por
la vía militar un conflicto que por su naturaleza es histórico y social y persiste
más allá de la violencia.
A pesar
de las posiciones más guerreristas, lideradas por el uribismo y el llamado (puro)
centro democrático, quienes desconocen el conflicto y lo consideran más bien
como una amenaza terrorista, abogando por
una salida con evidentes contenidos fascistas al concebir una solución militar
basada en la destrucción y el exterminio del supuesto enemigo terrorista. Además,
estos sectores desdicen de cualquier posibilidad de considerar una eventual
salida política, pese a que durante los gobiernos de Uribe la dinámica de la
confrontación armada los llevó por momentos a considerar acercamientos con la
guerrilla, así fueran con propósitos pragmáticos. Es Innegable que la política
de la solución militar, independientemente de las formas que ella asuma, está condenada
a fracasar, como ha ocurrido hasta ahora. Persistir en ella, es prolongar de
manera indefinida la guerra.
La
sociedad colombiana no puede continuar sometida a las decisiones de la
planeación estratégica de la guerra y de la solución militar, que no reparan en
manera alguna en la tragedia humana que trastorna abruptamente trayectorias
individuales y familiares de vida, ni en los impactos económicos, políticos,
culturales y sicosociales que trae consigo la prolongación de la guerra. La
sociedad, y las gentes del común en particular, demandan entre tanto no la
regulación sino el fin de la guerra. Y ello pasa, desde luego, por superar las
causas que la originan.
La
convocatoria y realización de las Constituyentes se presenta en un momento en
el que las salidas al conflicto social y armado se encuentran en el centro del
debate político nacional. La formalización y el inicio de los diálogos entre la
insurgencia de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos representan un
hecho político del mayor significado, que puede generar condiciones para
transitar caminos distintos a los de la guerra y la solución militar impuestas
por las clases dominantes, y sentar las bases para avanzar hacia la paz con
justicia social.
La Agenda
que se abordará en La Habana, en una interpretación amplia y favorable a los intereses
de las mayorías oprimidas y explotadas, recoge aspiraciones y anhelos de cambio
de nuestro pueblo, que pueden materializarse, siempre y cuando se cuente con el
debido respaldo, la consecuente movilización y el mayor despliegue de
iniciativas por parte de las gentes del común y los más amplios sectores
sociales y populares. La naturaleza histórica y el carácter social del conflicto
conllevan a que su solución no puede limitarse a acuerdos entre las fuerzas
militares comprometidas directamente en la contienda militar, las fuerzas del Estado
y las fuerzas insurgentes, sino que ésta involucra necesariamente al conjunto
de la sociedad, y especialmente el sentir de las gentes del común, de los
sectores sociales y populares que ven afectadas sus condiciones cotidianas de
vida digna, trabajo y existencia.
Necesitamos
decirnos y decirle a las nuevas generaciones de colombianos y colombianas que
no son necesarios más muertos para hablar de solución política y, sobre todo,
para hacerla una realidad. Esa posibilidad, que hoy se convierte en urgencia
vital, en necesidad, demanda la construcción de un mandato social y popular por
la solución política y la paz con justicia social en Colombia. Tal construcción
no puede ser más que el producto de una amplia organización y movilización, que
logre reunir a todas aquellas voces de compatriotas que consideran y sueñan con
caminos distintos a los que nos tienen en el despeñadero de la guerra. En
desarrollo de ese propósito, las Constituyentes regionales por la solución
política y la paz con justicia social en Colombia representan un espacio social
de esperanza.
Contribuir
a la búsqueda de una solución política se ha constituido en un imperativo ético
y político para el buen vivir de la población colombiana. Se trata de la
respuesta que las gentes del común y amplios sectores sociales y populares y de
la opinión pública tienen frente al militarismo y la ultraderecha, y al propio
gobierno de Santos que, pese al inicio de los diálogos, sigue confiando en la
posibilidad de una solución militar.
Las
constituyentes se convocan precisamente por cuanto -ante la ausencia de una
política de paz-se hace indispensable la manifestación de la voluntad soberana
de las clases subalternas y de todos aquellos sectores sociales que anhelan
materializar los sueños de paz del pueblo colombiano. Frente a la prepotencia
del poder constituido, en cuya agenda solo pareciera encontrarse la estrategia
guerrerista, es el momento para que se desate y despliegue la potencia creadora,
imaginativa y apasionada del poder constituyente, para que la voluntad del
pueblo soberano se pueda erigir en la forma de un mandato social y popular por
la solución política y la paz con justicia social en Colombia.
De contarse con una amplia movilización y activa
participación social y popular a favor de la solución política, que enriquezca
y desarrolle el Acuerdo que permitió el inicio de las conversaciones en La
Habana, se puede considerar la posibilidad real de cambiar el balance político
que ha predominado durante la última década a fin de emprender las
transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que requiere el
país, con miras a superar las causas que originaron el conflicto y hacen qué
este se reproduzca en medio de la confrontación armada. El sólo anuncio de los
diálogos ha contado con la simpatía de las grandes mayorías del pueblo colombiano
y ha generado múltiples expresiones de voluntad por participar en ellos con las
más variadas iniciativas.
La
propuesta de Constituyentes se inscribe precisamente dentro de ese propósito.
La paz con justicia social no es gratuita y no puede limitarse al ejercicio de
la competencia política en un régimen político y un sistema político
caracterizados por rasgos criminales, corruptos y mafiosos. La paz con justicia
social requiere ser llenada de contenidos y estos sólo pueden provenir de las gentes,
los hombres y mujeres del común, de quienes a lo largo de cerca de dos siglos
de vida republicana han padecido el régimen de dominación y explotación que ha
servido de sustento a los privilegios de unos pocos.
Constituyentes
por la Solución Política y la Paz con Justicia Social en Colombia
“El
Diálogoes la Ruta”
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