Ponencia del Partido Comunista Colombiano presentada en el foro de participación política del 28, 29 y 30 de abril de 2013
El
compromiso de una finalización de la guerra por la vía del diálogo y
las decisiones políticas, es un paso civilizatorio, un propósito
deseable y una alternativa clara al estado de cosas actualmente
existente en Colombia. Implica un tránsito a una nueva situación en el
país. Exige comprender que habría obligaciones de parte y parte por
materializar. Modelos por cambiar, reformas que realizar. Así lo
expresaron decenas de organizaciones que participaron en el Foro sobre
Desarrollo Rural. En esto Foro se aborda el punto 2, la Participación
política y las garantías.
La guerra no apareció de la
nada. La insurgencia en respuesta a la violencia de Estado no surgió por
capricho, menos aún por propósitos criminales. A 65 años del 9 de abril
de 1948, a 51 años de los bombardeos a Marquetalia que forzaron al
campesinado a la resistencia, hay que insistir, claramente, en qué debe
cambiar en el Estado, en lo político y en las condiciones de la práctica
política.
Hace 29 años, en 1984, una tregua bilateral fue
el comienzo de un proceso de paz que abrió esperanzas al pueblo
colombiano. La guerra sucia desencadenada fue cerrando el camino que
empezaba a construirse. El movimiento popular de carácter civil fue
sometido al desangre de la guerra de baja intensidad. La fracción de
clase en el poder favorable a la paz no tuvo la capacidad de defender a
fondo su propia propuesta frente a los factores de terrorismo de Estado
conjugados para el exterminio.
La UP y el PCC han sido las
principales víctimas de un genocidio que no puede permanecer más tiempo
en la impunidad, si es que de verdad de habla de paz en la hora actual.
Para
el PCC se trata de revindicar una generación de activistas y dirigentes
comunistas que fueron aniquilados ante la aparente impotencia de las
autoridades y la complicidad real de estructuras enteras del Estado.
Varios miles de integrantes del sindicalismo, de la dirigencia comunal,
campesina, afro, indígena, periodistas, activistas de DDHH, asimilados a
la subversión fueron asesinados, por hacer parte de una oposición
democrática al régimen abiertamente discriminada, reprimida y excluida
de las garantías más elementales.
Este es en gran medida el
tema de este Foro. Es este el elemento clave para entender qué se quiere
decir cuando se habla de participación política y garantías.
El
diálogo en curso en La Habana entre el gobierno y las Farc Ep, y el que
se debe concretar con el ELN y el EPL no puede entenderse como la
búsqueda de acuerdos con una insurgencia derrotada. Tampoco el
movimiento popular está desmovilizado, como lo demostró el 9 de abril
último y las recientes expresiones de la resistencia social al modelo.
Entendemos claramente a la insurgencia en la Mesa de Diálogo cuando
señala que no está pidiendo garantías solo para su vida y su derecho a
la participación política. Coincidimos en el reclamo por libertad
política para todo el pueblo, sin exclusiones. La voz de los excluidos
debe ser escuchada. El reto es abrir el sistema político a la más amplia
y pluralista intervención popular.
¿Cómo fue posible el
genocidio anticomunista en Colombia? ¿Qué responsabilidades se ocultan
en las estructuras del poder ejecutivo? ¿Cómo pudo la guerra
contrainsurgente convertirse en una política permanente del Estado? El
espíritu constituyente de 1991 introdujo algunas garantías, pero
fortaleció el modelo neoliberal y mantuvo la guerra, pese al mandato
expreso del artículo 22.
Un acuerdo para la paz duradera tiene que poner fin a la política de guerra del Estado.
Tiene
que definir que las fuerzas armadas no puede tener como finalidad la
guerra contrainsurgente. Su razón de ser es la defensa de las fronteras y
la soberanía nacional. Eso debe quedar escrito en la Constitución, sin
añadidos. Su tamaño debe ser funcional a su propósito y superar el
gigantismo desproporcionado. Debe ponerse fin al Plan Colombia, como
forma de intervencionismo militar extranjero con fines de
contrainsurgencia. El tránsito hacia las condiciones de la democracia
exige el desmonte de todos los aparatos del narcoparamilitarismo, de sus
vínculos con estructuras del ejército y policía, la depuración del
Estado en todas sus instancias.
Un acuerdo para la paz
justa, democrática y duradera debe reconocer con hechos, no solo con
proclamas, que la oposición democrática que ejerce legítimamente la
izquierda colombiana tiene que ser reparada plenamente y gozar de
iguales derechos materializables para actuar como alternativa de
gobierno y de poder. Implica democratizar el sistema electoral y
constituirlo como un poder autónomo, digitalizado, confiable. Favorecer
la formación de partidos, facilitar las coaliciones, suprimir el umbral,
restablecer una nueva modalidad del sistema proporcional. Crear un
estatuto democrático de garantías para la oposición, con medios de
comunicación y presencia en los organismos del Control del Estado.
Estímulo a nuevas formas de participación popular decisoria en todos los
niveles y creación de la rama del poder popular
Un acuerdo
para la paz con justicia social debe crear las condiciones para superar
las escandalosas desigualdades que caracterizan la formación económico
social colombiana; impulsar una política soberana en materia de
economía, superando la llama “independencia” del Banco de la República,
democratizando sus instancias directivas, abriendo los órganos que
elaboran la política económica y social del Estado a la participación de
los trabajadores, de las comunidades regionales organizadas, de la
academia; fortaleciendo la consulta popular a la legislación sobre los
usos del territorio.
Un acuerdo de paz entendido desde el
derecho a la participación y las garantías debe ayudar a superar la
idea de que el cambio no es posible, que los temas fundamentales, no se
pueden tocar, que las instituciones son eternas e inmodificables. No. La
consigna es que no solo puede ser cambiado el mundo institucional sino
que merece serlo si se acepta que nuevas relaciones de poder deben
surgir de la democratización del sistema político monopolizado por un
sector de la sociedad para su provecho, sus privilegios y el
desconocimiento de los demás, considerados como parte del “enemigo”.
La
reconciliación en Colombia exige el reconocimiento de que otros
proyectos democráticos de Sociedad y de Estado son posibles, que tienen
derecho a competir y a emular en opciones con igualdad de condiciones.
Proponemos la coexistencia de opciones de sociedad distintas, pero
coexistencia en el pluralismo, en la solidaridad, en el sentido de
soberanía y de patria, sin interferencias imperiales y en unidad e
integración con América Latina y el Caribe. Debatámoslo en una
representativa Asamblea constituyente de cara a la sociedad y al mundo.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Jaime Caycedo Turriago, Secretario General
Gloria Inés Ramírez Ríos, Senadora de la República
Bogotá, abril 28 de 2013
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